La investigación por la muerte de Rubén Rojo, ocurrida en agosto de 2025 en la ciudad de Frías, tuvo este viernes una nueva instancia judicial con una audiencia en la que la defensa de tres hermanos imputados planteó objeciones al pedido de elevación de la causa a juicio.
Los acusados pertenecen a la familia Ibarra y se encuentran imputados, en principio, por el delito de homicidio simple. Durante la audiencia, el abogado Maximiliano Campos presentó sus argumentos en representación de los tres hermanos, aunque centró sus planteos en dos de ellos.
El letrado solicitó que se modifique la calificación legal atribuida a sus defendidos y manifestó su oposición a que la causa avance a juicio bajo los términos planteados por la Fiscalía para esos dos imputados.
Campos sostuvo que la defensa no pone en discusión que existió un enfrentamiento entre integrantes de ambas familias ni el posterior fallecimiento de Rojo. Sin embargo, consideró que resulta necesario determinar con precisión la intervención que tuvo cada una de las personas involucradas durante el episodio.
Uno de los principales puntos cuestionados fue la figura de la coautoría que la acusación atribuye a los tres hermanos. Desde la defensa señalaron que, según los elementos reunidos durante la investigación, no estarían dadas las condiciones para considerar a dos de ellos como coautores del homicidio.
El abogado también hizo referencia a los testimonios incorporados al expediente y sostuvo que, de acuerdo con la interpretación de la defensa, habría sido una sola persona la que provocó las lesiones que derivaron en la muerte de Rojo.
El expediente contempla además otro enfrentamiento registrado después del homicidio. En esa oportunidad, familiares de la víctima se habrían enfrentado con integrantes de la familia Ibarra. Como consecuencia de ese segundo episodio, Daniel Ibarra, padre de los tres acusados, sufrió una herida de arma blanca y tuvo que ser trasladado para recibir atención médica.
Finalizada la audiencia, el juez interviniente contará con un plazo de cinco días para analizar los planteos efectuados por las partes y resolver si corresponde hacer lugar a las objeciones formuladas o avanzar con la elevación de la causa a juicio.
La decisión judicial será determinante para establecer cómo continuará el proceso y bajo qué calificación legal deberán responder los acusados.