El caso que involucra a Agostina Páez, abogada e influencer oriunda de Santiago del Estero, sumó en las últimas horas un nuevo y complejo capítulo en Brasil. A más de tres semanas del altercado ocurrido en un bar de Ipanema, el escenario judicial se endureció: mientras una fundación pidió su excarcelación y la intervención del gobierno argentino, la Fiscalía brasileña formalizó la acusación y solicitó su detención preventiva.
Páez continúa en Río de Janeiro bajo un régimen de control judicial que incluye tobillera electrónica, retención del pasaporte y prohibición de abandonar el país, medidas que le impiden regresar a la Argentina mientras se desarrolla el proceso. La imputación en su contra es por injuria racial, derivada del episodio registrado el 16 de enero.
En este contexto, la Fundación Apolo salió públicamente a respaldar a la joven y cuestionó la respuesta del sistema judicial brasileño. En un comunicado, la ONG calificó de desmedidas las restricciones impuestas y sostuvo que no se respetaron principios básicos de proporcionalidad y derechos humanos.
Desde la organización remarcaron que no se analizaron opciones menos gravosas ni se contempló adecuadamente la situación de Páez como mujer extranjera. Por ese motivo, reclamaron la intervención de la Cancillería argentina, tanto en el plano consular como a través de gestiones diplomáticas.
La fundación también aseguró que existen videos previos al conflicto en los que uno de los empleados del local habría tenido una conducta inapropiada, con gestos obscenos dirigidos hacia la influencer y su acompañante. Esa situación, afirman, fue omitida o minimizada en la investigación.
Según ese planteo, Páez habría reaccionado tras un intento de cobro irregular y comentarios de tinte sexual, pero su respuesta fue descontextualizada, invirtiendo los roles dentro de la causa. Además, criticaron la exposición mediática del caso en redes oficiales de fuerzas de seguridad, al considerar que refuerza la estigmatización pública.
En contraste, el Ministerio Público de Río de Janeiro sostiene una postura firme. Para los fiscales, el comportamiento atribuido a la acusada no puede ser encuadrado como una simple discusión y configura un hecho discriminatorio, respaldado por declaraciones de empleados del local, testigos y material fílmico incorporado al expediente.
De acuerdo con la investigación, también fue rechazado el descargo presentado por Páez, quien había sostenido que se trató de una broma posterior a una discusión comercial. Para la Fiscalía, esa explicación resulta incompatible con las pruebas recolectadas, por lo que la causa sigue su curso mientras se define si se profundizan las medidas restrictivas en su contra.