El abogado Diego Lindow, en representación del inversor Alejandro Martín Marchese, anunció que avanzará con una denuncia penal contra la firma UM Argentina Inversiones S.A., a la que acusa de posibles maniobras de estafa, retención indebida de fondos y lavado de activos. La presentación incluiría la intervención de la Justicia Federal.
De acuerdo con lo expuesto por el letrado, su cliente habría colocado unos 200 mil dólares en la empresa a partir de un acuerdo suscripto junto al financista Martín Maldonado, quien fue encontrado muerto el pasado 2 de marzo en una vivienda del country El Timbó. El convenio contemplaba el pago mensual de intereses cercanos al 2%, lo que equivalía a unos 4.000 dólares, abonados mediante transferencias a cuentas vinculadas a la firma.
Según la denuncia, los pagos se realizaron con regularidad durante un período, pero luego se interrumpieron sin que se devolviera el capital invertido. Frente a esto, el inversor intimó a la empresa mediante una carta documento para exigir respuestas.
El abogado sostuvo que la compañía rechazó la existencia de la operación, argumentando que los fondos no ingresaron a sus cuentas y que no hay registros de las transferencias. No obstante, aseguró que las transacciones cuentan con respaldo documental y bancario.
Tras la muerte de Maldonado, otros inversores también habrían iniciado reclamos, aunque hasta el momento no todos derivaron en presentaciones judiciales. En este contexto, surgieron dudas sobre la situación financiera de la firma, posibles inconsistencias en las monedas de inversión y la existencia de operaciones fuera de los circuitos formales.
Lindow también advirtió modificaciones recientes en la estructura de la empresa, como el cierre de sus oficinas comerciales ubicadas en calle 24 de Septiembre y la fijación de un nuevo domicilio legal en una casilla postal del Correo Argentino.
Además, indicó que una persona de apellido Flores habría asumido recientemente la titularidad de la sociedad, por lo que las acciones legales también apuntarán a las actuales autoridades.
La denuncia contemplará los presuntos delitos de estafa y retención indebida, sumando además la figura de lavado de activos, lo que implicaría la posible intervención de la Justicia Federal debido a la naturaleza de ese delito.