La Justicia Federal avanza en la investigación de una plantación ilegal de cannabis detectada en un predio cercano a la Ruta Nacional 34, en La Banda, ante la sospecha de que el cultivo podría haber sido parte de un circuito de distribución hacia distintas provincias del NOA. Durante el procedimiento, personal de Gendarmería Nacional incautó alrededor de 1.200 plantas que se encontraban en una finca que funcionaba como vivero.
La causa está bajo la órbita del fiscal federal Nº 1, Pedro Simón, con intervención del juez Sebastián Argibay. En el operativo participaron efectivos de la UNIPROJUD, la Unidad de Investigaciones Antidrogas y la Unidad de Investigación Criminal de la fuerza federal.
La pesquisa se inició tras el análisis de imágenes satelitales que detectaron una vegetación llamativa en el lugar. Con autorización judicial, se utilizaron drones para sobrevolar la zona, lo que permitió confirmar la presencia de cultivos compatibles con cannabis y derivó en la orden de allanamiento.
Al ingresar al predio, los uniformados encontraron más de un millar de plantas de aproximadamente dos metros de altura, ocultas entre una abundante arboleda. Según fuentes de la investigación, el sector presentaba condiciones similares a un invernadero natural, con infraestructura destinada al cultivo intensivo.
Además, se constató la existencia de sistemas de riego, tanques de agua, perforaciones, herramientas específicas y una carpa equipada con heladera y conservadora, lo que indicaría que el sitio era vigilado de manera permanente.
El terreno funcionaba bajo el nombre de vivero “Florecer” y pertenecería a Diego Gutiérrez Medina, quien permanece detenido y será indagado en el marco de la causa. En un allanamiento posterior realizado en su domicilio, se secuestraron cerca de dos kilos de cogollos, frascos, semillas y una balanza.
Los investigadores también analizan la posible elaboración y comercialización de cogollos saborizados, que presuntamente eran envasados en frascos rotulados con distintas variedades y promocionados a través de redes sociales.
Las plantas decomisadas fueron enviadas a pericias para determinar su calidad y potencial de producción, mientras que el contenido del teléfono celular incautado podría aportar información clave sobre contactos, transacciones y eventuales vínculos con una red de distribución.
La investigación continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días.